De los ‘Pájaros’ a los grupos paramilitares

Al tiempo que surgieron los grupos guerrilleros aparecieron también las organizaciones de autodefensa. En la violencia de los años 50, se les asoció a la actividad criminal de los ‘Pájaros’ o los ‘Chulavitas’, dedicados al asesinato de opositores del Gobierno. Para los años 60, casi simultáneamente con la irrupción de las Farc, el Eln o el Epl, aparecieron los grupos de autodefensa, avalados por el propio Estado en desarrollo de políticas de seguridad nacional.
En efecto, a través del decreto 3398 de 1965, el gobierno de Guillermo León Valencia, con amparo en la declaratoria del Estado de Sitio, dispuso que el Ministerio de Defensa podía amparar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, a fin de que legiones de campesinos pudieran ayudar en las acciones contra insurgentes de las Fuerzas Armadas. Tres años más tarde, en desarrollo de la ley 48 de 1968, esta misma disposición quedó con carácter permanente para los mismos fines.
Las normas aprobadas permitieron la creación de “Comités Cívicos de Seguridad” o “Juntas de Autodefensas” que a lo largo de los años 70 contribuyeron a la preservación del orden público. No obstante, con el fortalecimiento del narcotráfico y cuando los grupos guerrilleros quisieron extender sus redes de chantaje y secuestro a los allegados de la mafia, los mismos barones de la droga concluyeron que el camino más fácil para enfrentar a la guerrilla era financiar a los grupos de autodefensa con sus dineros ilícitos.
Esta evolución cambió la fisonomía de las autodefensas que tomaron la denominación de grupos paramilitares. En 1989, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las normas de 1965 y 1968 al reconocer que se había desvirtuado la actividad de las autodefensas para convertirse en una máquina de guerra y asesinato. Sin embargo, ya había corrido demasiada sangre y la estructura de estos grupos continuó creciendo sin control hasta convertirse en una amenaza igual o peor que la insurgencia armada.
Desde entonces cada gobierno ha tenido un planteamiento para enfrentar al paramilitarismo o desmovilizarlo. En el cuatrienio Barco, se expidieron varios decretos de Estado de Sitio e incluso el Estatuto para la Defensa de la Democracia con inciertos resultados. Durante el gobierno Gaviria se les persiguió a través del Estatuto para la Defensa de Justicia y hacia 1991 se promovió una supuesta desmovilización de 500 hombres, liderada por Fidel Castaño, sin que se lograra desactivar la ofensiva paramilitar.
En los tiempos de Ernesto Samper, después de incontables asesinatos, el gobierno creó el Bloque de Búsqueda para perseguirlos, sin mayores avances. En el cuatrienio Pastrana, se anunció una iniciativa similar que tampoco acabó con el problema. A partir de 2002, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se promovió un proceso de paz con los paramilitares que permitió la presunta desmovilización de varios de sus frentes pero hoy tienen al país sumido en una crisis por las laxitudes de la Ley de Justicia y Paz, creada para apaciguarlos, y el escándalo de la parapolítica de inciertas consecuencias.