Notas de Buhardilla Crímenes de Estado uribista

Primero fue freddy abel espitia, presidente del Comité de Desplazados de Cotorra; después Yolanda Izquierdo, la valerosa campesina que reclamaba tierras arrebatadas por los paramilitares.
Ramiro Bejarano Guzmán

sábado, 03 de febrero de 2007

Primero fue freddy abel espitia, presidente del Comité de Desplazados de Cotorra; después Yolanda Izquierdo, la valerosa campesina que reclamaba tierras arrebatadas por los paramilitares. Ambos cayeron acribillados por oscuros sicarios en Córdoba, la región supuestamente más segura del país. En común tenían la desgracia de ser víctimas del paramilitarismo, y su interés en obtener reparación por parte de los jefes paramilitares.

Todo el mundo sabe quién tiene que estar detrás de estos crímenes, pero nadie se atreve a denunciar a los responsables, porque quien hable correrá la misma suerte. Increíble que todo esto esté pasando en el reinado de la seguridad democrática, pero es así. Aquí sólo están seguros los bandidos, los demás estamos en manos de nuestra ingrata suerte.

Que estén cayendo vilmente asesinadas las víctimas de los paramilitares, es responsabilidad exclusiva del Gobierno, tanto más cuanto que el presidente Uribe y su Ministro del Interior y de Justicia, cada uno por su lado, han ofrecido a la prensa declaraciones indolentes e insólitas.

El Ministro del Interior y de Justicia confesó que, por un error burocrático, los pedidos angustiosos de protección de Yolanda no pudieron ser atendidos oportunamente. Esa declaración es una confesión de incapacidad, esa sí del Estado que Uribe pretende enjuiciar sin salpicarse, que debería haber desatado una tempestad política, por decir lo menos. Como los muertos no eran amigos del Presidente, ni del régimen, sino gentes humildes para las que nunca hay esquemas de seguridad, no ha caído un solo funcionario, pues el problema ha quedado reducido, según dijo Holguín Sardi, a lo que establezca otra exhaustiva investigación.
Nadie pretendía que a Yolanda le concedieran la gracia de contar con los carros blindados y escoltas que, por ejemplo, custodian rabiosamente a los hijos del Ejecutivo, Tom y Jerry, quienes seguramente tienen derecho a andar protegidos, no sólo por ser ellos quienes son, sino además por ser hoy los empresarios más suertudos y prósperos.

Yolanda quería simplemente que alguien la acompañara, para que si llegaba el día en el que un sicario le disparara seis tiros, esa persona al menos pidiera auxilio. Pudo más la burocracia.
A su turno, el presidente Uribe el jueves en la noche lamentó el suceso y anunció lo de siempre. Ofreció 50 millones de pesos de recompensa, pero no fue capaz de responder la insistente pregunta de una reportera de televisión, que con razón le indagaba sobre las medidas de seguridad para proteger a las víctimas del paramilitarismo.

Se hizo el loco o el de la vista gorda, porque su gobierno ha pensado en todo, menos en proteger a las víctimas de los paracos, los únicos que no podían seguir siendo maltratados.
Al paso que vamos, cuando el proceso de justicia y paz termine, ya no habrá víctimas del paramilitarismo, o las que sobrevivan habrán desistido de hacer valer sus derechos, por miedo a que de nuevo las balas asesinas que acabaron con sus esposos, hijos, hermanos, etc., también los aniquilen. Entonces los bienes que tardíamente el Gobierno se acordó de incautar a los narcoparamilitares, dizque para que no caigan en manos de testaferros, ya no tendrán damnificados que los reclamen.

El resultado es claro. No hay protección para esos desposeídos que creyeron en la justicia, la verdad y la reparación del proceso de paz con las Auc, ni tampoco la habrá en el futuro. Cuando caigan asesinados otros líderes campesinos o comunitarios, el Gobierno ofrecerá los mismos 50 millones de pesos de recompensa, y al día siguiente el Presidente y uno cualquiera de sus ministros reclamarán con la arrogancia de siempre, que éste ha sido el único proceso de paz transparente y exitoso que se ha celebrado en Colombia.