EL PARAESTADO Y LA MAFIA URIBISTA
Parecería que el presidente Uribe está tan confundido que inicialmente guarda un silencio extraño por todo lo que pasa y luego insta a todos sus funcionarios y amigos hoy vinculados por nexos con el paramilitarismo, gente de su absoluta confianza que promovió en esos cargos, que ha respaldado y defendido hasta el final, "a que se diga la verdad", coincidiendo con la carta de los Jefes Paramilitares, pero cual verdad es la que el quiere que sepa Colombia?, por qué no empieza el?. Claro, es de entender que los políticos involucrados hoy no son precisamente los padrinos del paramilitarismo en el país, son parte de su andamiaje pero tal vez no son la crema y nata que sostiene esta estructura.
Quiso el presidente lanzar una cortina de humo con los falsos positivos que hoy involucran a un buen numero de miembros del ejercito; echó por la borda los acercamientos con las Farc para el logro de un Acuerdo Humanitario; y se empeño en su maratónica tarea defender la institucionalidad con su política de seguridad democrática, a cambio de llenar el país de fosas comunes; nombra como ente administrativo de seguridad a Noguera en el Das, donde lo mantiene por 3 años, el cual se encargo de administrar masacres y asesinatos, mientras el exfiscal Camilo Osorio como instancia acusadora se encargó de engavetar o desaparecer los expedientes contra algunos personajes conocidos por nexos con narcos y paras, y en otros procesos como el de Rito Alejo ordena precluir la investigación a favor del General, y de la misma forma con su puño y letra firmó el acto inhibitorio para investigar a Salvador Arana quién fue gobernador de Sucre y ex diplomático del gobierno Uribe hoy prófugo, señalado por el asesinato del Alcalde de El Roble y otros delitos.
Y como ente legislador, el propio senador Miguel de la Espriella confiesa que 40 congreistas firmaron un acuerdo político con los paracos y los jefes paramilitares afirmaron que un 30% o 35% de los congresistas tenían nexos con ellos, hasta ahora la Corte Suprema ha vinculado al proceso a 10 personalidades (El Gordo Garcia, Merlano, Caballero, Araujo, Morris, Dieb Malof, Campo, Vives y Pimiento, y funcionarios como Arana, pendientes Arenas y otros), sin embargo los señalamientos de "los arrepentidos" Castillo Peralta y Rafael García, el computador de Jorge 40, entre otros testimonios y pruebas, involucran a importantes dirigentes políticos de la región, ganaderos conocidos, jefes paramilitares, empresarios, miembros de la fuerzas armadas donde evidencian la organización criminal y mafiosa que logro desviar recursos, que gesto el fraude electoral en diferentes elecciones, que hizo acuerdos entre políticos y líderes de las autodefensas en Santa Fe Ralito de respaldo a su accionar, saca a la luz relaciones entre la mafia y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, pero también hechos aparentemente aislados como la borrada de grandes deudores de la DIAN.
PARAMILITARIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN
No obstante la situación es bastante crítica, pues en el curso de los últimos años la propuesta legislativa ha sido encaminada a garantizar y proteger los intereses paramilitares, promoviendo la distribución inequitativa de la riqueza, ahondando así, la pobreza, el hambre, el desempleo, la desigualdad y la impunidad. Algunos casos conocidos como la reelección; la modificación del Código Civil, con la reducción del tiempo para la prescripción ordinaria de 10 a 5 años y el de la prescripción extraordinaria de 20 a 10 años. O la Ley de Tierras que abre la puerta al lavado de activos, permite a los grupos ilegales que se hayan quedado con las tierras con métodos de violencia y agresión, que las legalicen perdiéndolas en definitiva sus reales dueños; La ley de Agro ingreso seguro destinada en efecto a proteger los ingresos de latifundistas, va en contra de los campesinos, queda al servicio del TLC; pero así mismo vienen en la imposición de otras como el Estatuto de Desarrollo Rural que le quita el derecho a la tierra al campesinado colombiano, la Ley Forestal donde subasta los bosques naturales, saquea los territorios indígenas y de negritudes y reduce las reservas forestales; o la Ley de Justicia y Paz que garantiza la impunidad de crímenes de Estado; y así podemos enumerar todas aquellas que se encuentran hoy en la lista a debatir, por ejemplo el tema de las transferencias, la reforma tributaria, entre otras.
UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
Lo más devastador y horrorizante es la condena a muerte de miles de campesinos a manos de paramilitares y ejercito, con la dirección de altos funcionarios y congresistas y la anuencia cómplice de Uribe. Es imposible considerar que él no conocía nada de esto cuando en Consejos comunitarios en la región se informo de la situación, cuando varias de las víctimas hoy ausentes enviaron denuncias, llamados urgentes, cuando incluso en las mismos registros que lleva el gobierno aparecen los desplazamientos masivos de la región como también otras agresiones, cuando las organizaciones de derechos humanos y de paz presentaron documentos, publicaciones entre otros que exponen la situación. Masacres como la de San Onofre, el Salado, Macayepo, pero también como las sistemáticas persecuciones y asesinatos en otras zonas del país como Buenaventura, Barrancabermeja, Apartadó, Río Atrato, Sur de Bolivar, Putumayo, Norte de Santander entre otras, donde se incurre en tortura, violación, desaparición forzada y asesinato de campesinos, mujeres, jóvenes, negritudes, e indígenas, NO tienen ley de punto final, NO tienen legislación especial, NO tienen beneficios, NO tienen perdón ni olvido.
Parecería que el presidente Uribe está tan confundido que inicialmente guarda un silencio extraño por todo lo que pasa y luego insta a todos sus funcionarios y amigos hoy vinculados por nexos con el paramilitarismo, gente de su absoluta confianza que promovió en esos cargos, que ha respaldado y defendido hasta el final, "a que se diga la verdad", coincidiendo con la carta de los Jefes Paramilitares, pero cual verdad es la que el quiere que sepa Colombia?, por qué no empieza el?. Claro, es de entender que los políticos involucrados hoy no son precisamente los padrinos del paramilitarismo en el país, son parte de su andamiaje pero tal vez no son la crema y nata que sostiene esta estructura.
Quiso el presidente lanzar una cortina de humo con los falsos positivos que hoy involucran a un buen numero de miembros del ejercito; echó por la borda los acercamientos con las Farc para el logro de un Acuerdo Humanitario; y se empeño en su maratónica tarea defender la institucionalidad con su política de seguridad democrática, a cambio de llenar el país de fosas comunes; nombra como ente administrativo de seguridad a Noguera en el Das, donde lo mantiene por 3 años, el cual se encargo de administrar masacres y asesinatos, mientras el exfiscal Camilo Osorio como instancia acusadora se encargó de engavetar o desaparecer los expedientes contra algunos personajes conocidos por nexos con narcos y paras, y en otros procesos como el de Rito Alejo ordena precluir la investigación a favor del General, y de la misma forma con su puño y letra firmó el acto inhibitorio para investigar a Salvador Arana quién fue gobernador de Sucre y ex diplomático del gobierno Uribe hoy prófugo, señalado por el asesinato del Alcalde de El Roble y otros delitos.
Y como ente legislador, el propio senador Miguel de la Espriella confiesa que 40 congreistas firmaron un acuerdo político con los paracos y los jefes paramilitares afirmaron que un 30% o 35% de los congresistas tenían nexos con ellos, hasta ahora la Corte Suprema ha vinculado al proceso a 10 personalidades (El Gordo Garcia, Merlano, Caballero, Araujo, Morris, Dieb Malof, Campo, Vives y Pimiento, y funcionarios como Arana, pendientes Arenas y otros), sin embargo los señalamientos de "los arrepentidos" Castillo Peralta y Rafael García, el computador de Jorge 40, entre otros testimonios y pruebas, involucran a importantes dirigentes políticos de la región, ganaderos conocidos, jefes paramilitares, empresarios, miembros de la fuerzas armadas donde evidencian la organización criminal y mafiosa que logro desviar recursos, que gesto el fraude electoral en diferentes elecciones, que hizo acuerdos entre políticos y líderes de las autodefensas en Santa Fe Ralito de respaldo a su accionar, saca a la luz relaciones entre la mafia y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, pero también hechos aparentemente aislados como la borrada de grandes deudores de la DIAN.
PARAMILITARIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN
No obstante la situación es bastante crítica, pues en el curso de los últimos años la propuesta legislativa ha sido encaminada a garantizar y proteger los intereses paramilitares, promoviendo la distribución inequitativa de la riqueza, ahondando así, la pobreza, el hambre, el desempleo, la desigualdad y la impunidad. Algunos casos conocidos como la reelección; la modificación del Código Civil, con la reducción del tiempo para la prescripción ordinaria de 10 a 5 años y el de la prescripción extraordinaria de 20 a 10 años. O la Ley de Tierras que abre la puerta al lavado de activos, permite a los grupos ilegales que se hayan quedado con las tierras con métodos de violencia y agresión, que las legalicen perdiéndolas en definitiva sus reales dueños; La ley de Agro ingreso seguro destinada en efecto a proteger los ingresos de latifundistas, va en contra de los campesinos, queda al servicio del TLC; pero así mismo vienen en la imposición de otras como el Estatuto de Desarrollo Rural que le quita el derecho a la tierra al campesinado colombiano, la Ley Forestal donde subasta los bosques naturales, saquea los territorios indígenas y de negritudes y reduce las reservas forestales; o la Ley de Justicia y Paz que garantiza la impunidad de crímenes de Estado; y así podemos enumerar todas aquellas que se encuentran hoy en la lista a debatir, por ejemplo el tema de las transferencias, la reforma tributaria, entre otras.
UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
Lo más devastador y horrorizante es la condena a muerte de miles de campesinos a manos de paramilitares y ejercito, con la dirección de altos funcionarios y congresistas y la anuencia cómplice de Uribe. Es imposible considerar que él no conocía nada de esto cuando en Consejos comunitarios en la región se informo de la situación, cuando varias de las víctimas hoy ausentes enviaron denuncias, llamados urgentes, cuando incluso en las mismos registros que lleva el gobierno aparecen los desplazamientos masivos de la región como también otras agresiones, cuando las organizaciones de derechos humanos y de paz presentaron documentos, publicaciones entre otros que exponen la situación. Masacres como la de San Onofre, el Salado, Macayepo, pero también como las sistemáticas persecuciones y asesinatos en otras zonas del país como Buenaventura, Barrancabermeja, Apartadó, Río Atrato, Sur de Bolivar, Putumayo, Norte de Santander entre otras, donde se incurre en tortura, violación, desaparición forzada y asesinato de campesinos, mujeres, jóvenes, negritudes, e indígenas, NO tienen ley de punto final, NO tienen legislación especial, NO tienen beneficios, NO tienen perdón ni olvido.
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