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martes, 29 de mayo de 2007

Rector de Universidad Pedagógica Nacional ordena cancelación de semestre

Por: Bruno Matapay
En la Universidad Pedagógica Nacional, el Consejo Académico decretó arbitrariamente la cancelación del semestre, aduciendo que el bloqueo del acceso a ingreso a algunos edificios y el campamento de los estudiantes en el campus vulneraban "los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política".
Dicha medida es contraria al querer de la comunidad universitaria, manifestada en las multitudinarias asambleas, en la participación activa de las organizaciones de estudiantes, profesores, empleados y trabajadores en el movimiento e, incluso, en los pronunciamientos de varias facultades, que saludaban la organización y responsabilidad evidenciadas en la protesta.
El escueto comunicado del Consejo Académico no hace referencia a las verdaderas causas de la movilización ni cita argumentos relacionados con el calendario académico, pues, en los distintos escenarios de la comunidad académica, se ventilaron varias opciones que hubiesen permitido el cumplimiento de las obligaciones curriculares sin perjudicar a los estudiantes.
Sin embargo, parece haberse impuesto el cumplimiento de órdenes superiores. La comparecencia de algunos decanos frente al profesorado evidenció que no había ninguna intención de escuchar a la comunidad académica. Aunque afirmaron que se habían abierto "todos los espacios posibles de diálogo", primó el criterio de imponer por la fuerza la "paz social" que tanto requiere el primer mandatario en estos días aciagos, ahogando la expresión de un movimiento universitario unificado y fortalecido.
A esta hora, el rechazo a la medida ha calentado los ánimos en la UPN y ha generado un campamento de unos 500 estudiantes que se mantendrán apostados al interior de la universidad para evitar el cierre definitivo de esta casa de estudios. De la misma manera, han declarado estar dispuestos a seguir adelante con la lucha contra el Plan Nacional de Desarrollo, hasta que sean derogados los numerales 32 y 38 de la norma, denunciado el contenido lesivo de estos contra el derecho a la educación del pueblo colombiano.

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