Aló Presidente

Curioso, por decir lo menos, que en los dos últimos empleos públicos de Uribe –gobernador y presidente–, se hayan suscitado problemas relacionados con las interceptaciones telefónicas ilegales.
Ramiro Bejarano Guzmán
sábado, 19 de mayo de 2007
Curioso, por decir lo menos, que en los dos últimos empleos públicos de Uribe –gobernador y presidente–, se hayan suscitado problemas relacionados con las interceptaciones telefónicas ilegales.En las épocas de Uribe como gobernador de Antioquia, Mauricio Santoyo, un oficial de la Policía entonces totalmente desconocido, bien cercano al gobierno departamental, fue acusado de haber chuzado cerca de 1.800 líneas telefónicas de diferentes personas, como también de ser autor de otros actos de corrupción inclusive más graves. Cuando Uribe llegó a la Casa de Nariño, ese mismo oficial se convirtió en su secretario privado de seguridad; allí estuvo hasta que la Procuraduría lo destituyó, precisamente por pinchar ilegalmente teléfonos. Gracias a la insólita generosidad de una censurable sentencia, en la que brilla todo menos la justicia, se anuló esa destitución, por lo que el rehabilitado coronel Santoyo está haciendo curso para convertirse en general de la República, porque a pesar de sus tropiezos judiciales, en el alto gobierno siempre lo recuerdan con entrañable gratitud.Lo anterior sería sólo una coincidencia, si no fuera porque hay otra no menos intrascendente. Me refiero a la asombrosa confesión presidencial de que tenía pruebas de inteligencia militar y policial, sobre supuestas expresiones insultantes de algunos de sus críticos, porque la oposición no se cuida como debería hacerlo.El Gobierno ha intentado lavarse las manos, alegando que las grabaciones ilegales reveladas por la revista Semana no iban dirigidas contra la oposición y la prensa, porque también estaban chuzados altos funcionarios, como si ese no hubiese sido el procedimiento usual en la Rusia comunista y totalitaria, donde hasta los amigos del régimen eran espiados. Valdría la pena que el Presidente y el Ministro de Defensa vieran la extraordinaria película La vida de los otros, que retrata lo ocurrido en la Alemania del Este, que no parece ser muy diferente de lo que aquí estamos viviendo.Habilidosa la estrategia de aparentar ser víctima de un delito, pero no convence que sólo hayan decidido denunciar el crimen cuando se vieron obligados a explicarles a sus amigos paramilitares retenidos en Itagüí, que no era el Gobierno el autor de la filtración de la información divulgada. ¿Por qué cuando se tuvo noticia de que otros eran los chuzados, no cayó la cúpula de la Policía? Raro que en la Casa de Nariño tengan tanto temor reverencial por los inquilinos de Itagüí.Ahora sabemos que fue la Policía la que estaba chuzando. No sabemos quién dio la orden, ni quiénes escucharon esas 8.000 horas de grabaciones ilícitas. Si el país no entiende cómo fue que esta siniestra irregularidad se presentó ininterrumpidamente durante dos años, mucho menos comprenderá que después de un delito tan prolongado no haya quedado rastro alguno.No queremos otra investigación exhaustiva de las miles que han quedado en nada. Solamente pedimos la verdad. Si el Gobierno fuese del todo ajeno a este sucio episodio, en vez de limitarse a trasladar a la Fiscalía la responsabilidad de descubrir a unos chuzadores que ya debieron de coger las de Villadiego, al menos tendría que divulgar cuanto antes la lista de quiénes estaban siendo escuchados sin orden judicial, entre otras cosas, para permitirles exigir el restablecimiento de sus derechos ante las autoridades. Tanto silencio oficial al respecto, no es prudencia sino complicidad.~~~Adenda.- Al regreso del infierno del policía John Frank Pinchao, ¿será que su doloroso relato sobre las condiciones infamantes en las que la guerrilla trata a los secuestrados, no estremecerá a un presidente que tercamente lleva muchos años diciendo no al Acuerdo Humanitario, mientras en la selva se pudren muchos compatriotas y tres ciudadanos americanos?notasdebuhardilla@hotmail.com