Se entregó Coronel Alfonso Plazas Vega en las instalaciones del Centro Administrativo Nacional

El oficial en retiro es investigado por la desaparición de Carlos Rodríguez, Cristina Guarín e Irma Franco, durante la operación de retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
Los dos primeros trabajaban en la cafetería del edificio (como administrador y empleada, respectivamente), y la tercera era una guerrillera del desmovilizado M-19.
El fiscal general, Mario Iguarán, explicó que la diligencia se derivó de una "medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación" emitida por fiscales de derechos humanos que siguen el caso.
De acuerdo con la Fiscalía General, las investigaciones, los reconocimientos y los videos recaudados permiten afirmar que "estamos ante el delito de desaparición forzada agravada".
El coronel fue vinculado con la desaparición de once personas en las acciones militares para recuperar el Palacio de Justicia, ocupado por cerca de 40 guerrilleros del ahora disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19).
Más de un centenar de personas, entre ellas una docena de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, perdieron la vida en las operaciones militares, que terminaron al día siguiente en medio de un incendio que consumió la edificación.
Los insurgentes pretendían abrir un juicio contra el entonces presidente, Belisario Betancur, (1982-1986) por una supuesta traición de su gobierno a un incipiente diálogo de búsqueda de la paz.
Unos videos que muestran a civiles evacuados con vida por soldados determinaron el encausamiento y detención de Plazas, quien en esa época era el comandante de la Escuela de Caballería militar en Bogotá.
Como tal, el entonces coronel estuvo a cargo de la parte operativa de la retoma del edificio judicial, acción en la que se utilizaron tanques de guerra.
Admitió en indagatoria que sí hubo desaparecidos
En su defensa, el coronel Plazas ha asegurado que no tenía mando sobre un área de inteligencia que había en la Escuela de Caballería, a donde habrían ido a parar algunos de los que salieron del Palacio, y pidió que la Fiscalía llame a declarar a tres coroneles y un suboficial que, por la época, estuvieron en esa dependencia.
También dijo que no tuvo participación en los interrogatorios de los sobrevivientes, aunque el coronel retirado Edilberto Sánchez, ex jefe del B-2, hoy detenido, le dijo a la Fiscalía que Plazas sí estuvo al tanto de esos procedimientos.
Plazas admitió el pasado 9 de mayo, en una de sus indagatorias, que ahora tiene dudas sobre lo que pasó entre el 6 y 7 de noviembre de 1985: "Después de todas las diligencias que he atendido, he cambiado mi concepto sobre los procedimientos de la Fuerza Pública en aquella ocasión".
Aseguró que ni él ni los hombres de la Escuela de Caballería que tenía bajo su mando fueron los que "obraron mal", pero advirtió a la Fiscalía sobre la necesidad de investigar para que se llegue "al conocimiento real de lo que sucedió y para que se sancione a los funcionarios públicos a quienes les corresponda dar cuenta de sus equivocaciones o de sus crímenes".
Para el coronel, de hecho, ya no quedan dudas de que algunas de las personas que salieron de Palacio con vida fueron desaparecidas: "Me preocupa en este momento (...) al haber tenido acceso a todas las piezas procesales, me doy cuenta (de) que en efecto hay personas que salieron con vida y no aparecen".
BOGOTÁCon información de Efe