Las dos justicias

La justicia común no existe ni para los ‘de ruana’ ni para los de ‘cuello blanco’. Lo único verdaderamente democrático que hay en colombia es la impunidad.
Por Antonio CaballeroFecha: 07/14/2007 -1315 En las multitudinarias marchas contra el secuestro realizadas el 5 de julio en las ciudades de toda Colombia se pedían distintas cosas, a veces contradictorias, a distintas instancias y por parte de distintas personas. Unos les pedían generosidad a las Farc (y supongo que también al ELN) para que liberaran a los secuestrados que tienen en cautiverio: las docenas de secuestrados políticos por quienes piden canje de prisioneros al gobierno, y los centenares, tal vez millares, de secuestrados económicos por los que exigen rescate en dinero a sus familias. Otros le pedían al gobierno firmeza frente a las exigencias políticas de las Farc y persistencia en su propio empeño de rescate militar de los secuestrados. Otros más les pedían a las dos partes sensatez para que se sentaran a negociar un acuerdo humanitario. Pero no vi ni oí que nadie estuviera pidiendo lo fundamental: justicia. Me refiero a dos clases de justicia, ninguna de las cuales existe en Colombia: la justicia social y la justicia común. La primera es una invención histórica relativamente reciente (data de las revoluciones norteamericana y francesa de finales del siglo XVIII) y se refiere al ordenamiento político y económico de la sociedad. La vienen prometiendo sin cesar todos los gobiernos que se han sucedido en este país desde la Independencia, pues consideran que de ella viene su legitimidad (y no del Derecho Divino); pero en la práctica se ha avanzado muy poco hacia su establecimiento. Lo cual, entre otras cosas, permite seguir prometiéndola. En cuanto a la otra, la justicia común, se trata de la primera obligación y de la más importante función de cualquier Estado constituido. Y es también la primera a la que ha faltado, también desde sus mismos orígenes republicanos, el Estado colombiano. Así lo reconoce tácitamente el propio gobierno actual cuando se enorgullece de modo incomprensible de haber extraditado a más presuntos delincuentes que ninguno de sus predecesores para que sean juzgados por el aparato judicial de los Estados Unidos. Aquí no funciona ni la justicia penal ni la justicia civil, y mucho menos la llamada justicia militar, y ni siquiera la justicia de lo contencioso administrativo, que tiene que hacer sus trámites ante tribunales internacionales de arbitramento. Aquí no se absuelve a nadie, salvo por preclusión o vicio de forma o vencimiento de términos o declaratoria de impedimento. Y mucho menos se castiga a nadie, salvo por pura casualidad. Ni a los grandes criminales responsables de masacres de pueblos enteros ni a los pequeños ladronzuelos que raponean un reloj en una esquina, ni a los delincuentes políticos ni a los económicos, ni a los parricidas ni a los defraudadores del fisco. La justicia común no existe ni para “los de ruana”, como decía hace más de un siglo el señor Caro, ni para “los de cuello blanco”, como se dice ahora en traducción del inglés. No se han castigado, ni en vista de las propuestas de indultos y amnistías se van a castigar, ni los crímenes atroces de las autodefensas narcoparamilitares, ni los de las narcoguerrillas, ni del propio Estado: los varios millares de detenidos-desaparecidos de los últimos veinte años. No se castiga ni el secuestro extorsivo ni la evasión de impuestos, ni el descuartizamiento ni el espionaje telefónico, y tampoco el prevaricato de los jueces. Lo único verdaderamente democrático que hay en Colombia es la impunidad.
(A este respecto vale la pena ver la columna de Armando Montenegro titulada ‘La impunidad’, en El Espectador del domingo pasado). Digo que la carencia de justicia es lo fundamental porque sobre ese hueco se fundamenta el conflicto armado civil que hay en Colombia. La ausencia de justicia social dio origen a las guerrillas, y en buena parte mantiene sus fuentes de reclutamiento. Aparecieron para tomarse la justicia social por propia mano, por decirlo así; y si han llegado a los extremos de la degradación, como es la práctica rutinaria del secuestro, es porque así lo permite la ausencia de justicia común. Los paramilitares, por su parte, surgieron en contraposición a la guerrilla para dos fines: el de mantener por la fuerza la injusticia social, y el de tomarse por propia mano, ellos también, la justicia común en vista de la impunidad que cobijaba los crímenes comunes de las Farc. Creo que en la próxima manifestación multitudinaria –pues espero que haya más– se debe empezar por pedir justicia.

¿Preguntas sin respuesta?

Las siguientes preguntas al presidente de la República se quedarán sin respuesta, lo que no me quita el derecho a formularlas.
Felipe Zuleta

sábado, 14 de julio de 2007
Las siguientes preguntas al presidente de la República se quedarán sin respuesta, lo que no me quita el derecho a formularlas. · Si cada hora de vuelo del FAC 001 le cuesta al erario la suma de 15.000 dólares, ¿cree usted que es justo con los colombianos semejante gasto?· ¿Es cierto que usted ha volado más de 400 horas en el Boeing 737? ¿Le parece justo gastarse más de ocho millones de dólares en viajes?· ¿Cuánto se les ha pagado a los encargados de su seguridad cada vez que viaja? ¿Asciende esa suma a más de 1.500 millones de pesos en cuatro años?· ¿Sabe cuánto le vale al país tener un equipo de tres tripulaciones las 24 horas del día?· ¿A cuánto ascienden los viáticos pagados a los funcionarios del Gobierno que han viajado con usted al exterior?· ¿Quién o con qué fines está usando el antiguo avión presidencial? ¿Acaso lo usan o han usado la primera dama, sus hijos o algunos miembros de su familia?· ¿A cuánto ascienden los montos que se han tenido que cancelar para que el avión presidencial aterrice en aeropuertos en el extranjero?· ¿Cuánto se ha pagado por seguros y gasolina del FAC 001?· ¿Piensa usted meter la mano para que la justicia no procese a su primo Mario Uribe por sus presuntos vínculos con los paramilitares? ¿Respetará usted la decisión de la Corte Suprema?· ¿Recibe la empresa Salvarte, de propiedad de sus hijos, algún beneficio indirecto otorgado por alguna entidad perteneciente al Estado?· Aparte de este próspero negocio de artesanías, ¿tienen sus hijos alguna relación directa o indirecta con empresas dedicadas al manejo de desechos? De ser cierto, ¿con cuál o cuáles?· ¿Ha visto usted a sus primos Ochoa Vélez desde que asumió la Presidencia?· ¿Siguen usted o sus hijos frecuentando a Carlos Náder?· ¿A cuántos jefes paramilitares piensa extraditar a los Estados Unidos?· ¿De verdad usted cree que desde Ralito no se delinquió? · ¿Teme usted que los americanos le quiten la visa por los vínculos de su gobierno y sus congresistas con los paramilitares? · ¿Sabía usted que la persona que le coordinó en Barrancabermeja la reunión con algunos jefes paramilitares fue Sandra Suárez, la misma persona que usted ha designado para que defienda los intereses del país en Washington?· ¿Se ha reunido usted con el abogado de Jorge Noguera? ¿Ha recibido mensajes de los congresistas afines a su causa con mensajes amenazantes? · ¿Los piensa liberar a pesar de eso?~~~Notícula. De ser cierto que Augusto Acosta tuvo que salir de la Superintendencia Financiera por presiones del Sindicato Antioqueño, estamos frente a un escándalo que merece la atención de las autoridades. ¿Tendrá esto que ver con la multa de $1.000 millones a Suramericana? ¿Acaso el Bancolombia se adquirió con la misma clase de ardides que obligaron al superintendente a sancionar a Suramericana? ¡La Fiscalía tiene la palabra!Felipezuleta.blogspot.com

Se entregó Coronel Alfonso Plazas Vega en las instalaciones del Centro Administrativo Nacional

El oficial en retiro es investigado por la desaparición de Carlos Rodríguez, Cristina Guarín e Irma Franco, durante la operación de retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
Los dos primeros trabajaban en la cafetería del edificio (como administrador y empleada, respectivamente), y la tercera era una guerrillera del desmovilizado M-19.
El fiscal general, Mario Iguarán, explicó que la diligencia se derivó de una "medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación" emitida por fiscales de derechos humanos que siguen el caso.
De acuerdo con la Fiscalía General, las investigaciones, los reconocimientos y los videos recaudados permiten afirmar que "estamos ante el delito de desaparición forzada agravada".
El coronel fue vinculado con la desaparición de once personas en las acciones militares para recuperar el Palacio de Justicia, ocupado por cerca de 40 guerrilleros del ahora disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19).
Más de un centenar de personas, entre ellas una docena de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, perdieron la vida en las operaciones militares, que terminaron al día siguiente en medio de un incendio que consumió la edificación.
Los insurgentes pretendían abrir un juicio contra el entonces presidente, Belisario Betancur, (1982-1986) por una supuesta traición de su gobierno a un incipiente diálogo de búsqueda de la paz.
Unos videos que muestran a civiles evacuados con vida por soldados determinaron el encausamiento y detención de Plazas, quien en esa época era el comandante de la Escuela de Caballería militar en Bogotá.
Como tal, el entonces coronel estuvo a cargo de la parte operativa de la retoma del edificio judicial, acción en la que se utilizaron tanques de guerra.
Admitió en indagatoria que sí hubo desaparecidos
En su defensa, el coronel Plazas ha asegurado que no tenía mando sobre un área de inteligencia que había en la Escuela de Caballería, a donde habrían ido a parar algunos de los que salieron del Palacio, y pidió que la Fiscalía llame a declarar a tres coroneles y un suboficial que, por la época, estuvieron en esa dependencia.
También dijo que no tuvo participación en los interrogatorios de los sobrevivientes, aunque el coronel retirado Edilberto Sánchez, ex jefe del B-2, hoy detenido, le dijo a la Fiscalía que Plazas sí estuvo al tanto de esos procedimientos.
Plazas admitió el pasado 9 de mayo, en una de sus indagatorias, que ahora tiene dudas sobre lo que pasó entre el 6 y 7 de noviembre de 1985: "Después de todas las diligencias que he atendido, he cambiado mi concepto sobre los procedimientos de la Fuerza Pública en aquella ocasión".
Aseguró que ni él ni los hombres de la Escuela de Caballería que tenía bajo su mando fueron los que "obraron mal", pero advirtió a la Fiscalía sobre la necesidad de investigar para que se llegue "al conocimiento real de lo que sucedió y para que se sancione a los funcionarios públicos a quienes les corresponda dar cuenta de sus equivocaciones o de sus crímenes".
Para el coronel, de hecho, ya no quedan dudas de que algunas de las personas que salieron de Palacio con vida fueron desaparecidas: "Me preocupa en este momento (...) al haber tenido acceso a todas las piezas procesales, me doy cuenta (de) que en efecto hay personas que salieron con vida y no aparecen".
BOGOTÁCon información de Efe

Marcha uribizada

Extraordinario que esa protesta, que no fue espontánea ni ajena a la politiquería, por fin se hubiese sentido así sea tardíamente. Pero fue una caminata de inflamado uribismo, que no contribuirá a la reconciliación sino a la división.
Eso era lo que quería el presidente Uribe y lo logró, porque para eso marcharon los funcionarios públicos bajo la mirada de sus jefes, al igual que los obreros, quienes por primera vez contaron con el visto bueno de los empresarios para marchar. Todo bendecido por los obispos que entonaron como en misa cantada el “happy birthday” al Mesías que tanto les ha dado, para en seguida rechazar el despeje.
No hubo nada que se quedara sin control. Mañosa la estrategia de que al día siguiente de la noticia del asesinato de los diputados, en la Casa de Nariño les diera por hacer una encuesta en la que preguntaron lo obvio, como ¿quién cree que es el único culpable de ese crimen?, pero sin indagar, por ejemplo, si cree que de haberse decretado un despeje estarían vivos los diputados, o quiénes son los responsables de que no hubiese despeje.
El Gobierno no quiso que miráramos en libertad el ingrato porvenir de la violencia, sino sólo bajo su óptica siniestra de bala venteada. Por eso el presidente Uribe se dio a la tarea de salir a los medios a exigir que nadie hablara ni de despeje ni de acuerdo humanitario, sino a respaldar la “firmeza” de un gobierno que con la sola excepción del chiripazo de la fuga del canciller Araújo, ha logrado rescatar a muy pocos secuestrados.
En ese clima de intolerancia, tenía que pasar lo que pasó en Cali, sin que nadie se inmutara. Me refiero a la grotesca chiflada a Carolina Charry, la joven hija de uno de los diputados sacrificados, quien con legítima razón señaló al Gobierno de haber permitido la muerte de su padre y sus compañeros. Cobarde la actitud del ministro Holguín, al calificar de infame a esa huérfana jovencita por expresar su opinión. A su mejor manera rememoró el discurso de Goebbels, el ministro nazi de la propaganda, quien en la enceguecida sociedad hitleriana sostenía que “nosotros, nacional-socialistas, estamos convencidos de que tenemos la razón y no podemos tolerar a otros que crean tenerla”. Tan “macho” Holguín para sacudir una niña indefensa y adolorida, pero tan gallina para explicar su reciente participación en una manifestación política en Tobia, Cundinamarca.
Es un insulto que un acto de solidaridad con las familias de los diputados inmolados, hubiese tolerado un linchamiento para silenciar a una huérfana que no dijo mentiras. Pero en la tribuna también estaba el converso saca micas del régimen, Angelino Garzón, hoy dándose codo con varios lagartos vallecaucanos para que lo nombren ministro o comisionado de paz, en cuyo reino también está prohibido criticar a su amo, pero sobre todo a él mismo, pues durante su administración muy pocos medios han podido informar sobre el saqueo de la Industria de Licores del Valle, manejada por el ambicioso y oportunista gobernador y su cohorte.
Al Gobierno y a quienes ahora por primera vez protestaron —porque antes guardaron cómplice silencio por las víctimas del paramilitarismo, el exterminio de la Unión Patriótica, el holocausto del Palacio de Justicia, la farsa del proceso de justicia y paz de los paramilitares, etc.—, les salió bien la marcha montada sobre el repudio colectivo contra las Farc. Lo mismo no podrán decir los secuestrados ni sus familiares, ahora más expuestos que nunca, pues no habrá despeje, ni acuerdo humanitario, sino más rescates cruentos.
¿Qué haría Uribe sin las Farc?

Por Ramiro Bejarano
TOMADO EL ESPECTADOR