La justicia común no existe ni para los ‘de ruana’ ni para los de ‘cuello blanco’. Lo único verdaderamente democrático que hay en colombia es la impunidad.
Por Antonio CaballeroFecha: 07/14/2007 -1315 En las multitudinarias marchas contra el secuestro realizadas el 5 de julio en las ciudades de toda Colombia se pedían distintas cosas, a veces contradictorias, a distintas instancias y por parte de distintas personas. Unos les pedían generosidad a las Farc (y supongo que también al ELN) para que liberaran a los secuestrados que tienen en cautiverio: las docenas de secuestrados políticos por quienes piden canje de prisioneros al gobierno, y los centenares, tal vez millares, de secuestrados económicos por los que exigen rescate en dinero a sus familias. Otros le pedían al gobierno firmeza frente a las exigencias políticas de las Farc y persistencia en su propio empeño de rescate militar de los secuestrados. Otros más les pedían a las dos partes sensatez para que se sentaran a negociar un acuerdo humanitario. Pero no vi ni oí que nadie estuviera pidiendo lo fundamental: justicia. Me refiero a dos clases de justicia, ninguna de las cuales existe en Colombia: la justicia social y la justicia común. La primera es una invención histórica relativamente reciente (data de las revoluciones norteamericana y francesa de finales del siglo XVIII) y se refiere al ordenamiento político y económico de la sociedad. La vienen prometiendo sin cesar todos los gobiernos que se han sucedido en este país desde la Independencia, pues consideran que de ella viene su legitimidad (y no del Derecho Divino); pero en la práctica se ha avanzado muy poco hacia su establecimiento. Lo cual, entre otras cosas, permite seguir prometiéndola. En cuanto a la otra, la justicia común, se trata de la primera obligación y de la más importante función de cualquier Estado constituido. Y es también la primera a la que ha faltado, también desde sus mismos orígenes republicanos, el Estado colombiano. Así lo reconoce tácitamente el propio gobierno actual cuando se enorgullece de modo incomprensible de haber extraditado a más presuntos delincuentes que ninguno de sus predecesores para que sean juzgados por el aparato judicial de los Estados Unidos. Aquí no funciona ni la justicia penal ni la justicia civil, y mucho menos la llamada justicia militar, y ni siquiera la justicia de lo contencioso administrativo, que tiene que hacer sus trámites ante tribunales internacionales de arbitramento. Aquí no se absuelve a nadie, salvo por preclusión o vicio de forma o vencimiento de términos o declaratoria de impedimento. Y mucho menos se castiga a nadie, salvo por pura casualidad. Ni a los grandes criminales responsables de masacres de pueblos enteros ni a los pequeños ladronzuelos que raponean un reloj en una esquina, ni a los delincuentes políticos ni a los económicos, ni a los parricidas ni a los defraudadores del fisco. La justicia común no existe ni para “los de ruana”, como decía hace más de un siglo el señor Caro, ni para “los de cuello blanco”, como se dice ahora en traducción del inglés. No se han castigado, ni en vista de las propuestas de indultos y amnistías se van a castigar, ni los crímenes atroces de las autodefensas narcoparamilitares, ni los de las narcoguerrillas, ni del propio Estado: los varios millares de detenidos-desaparecidos de los últimos veinte años. No se castiga ni el secuestro extorsivo ni la evasión de impuestos, ni el descuartizamiento ni el espionaje telefónico, y tampoco el prevaricato de los jueces. Lo único verdaderamente democrático que hay en Colombia es la impunidad.
(A este respecto vale la pena ver la columna de Armando Montenegro titulada ‘La impunidad’, en El Espectador del domingo pasado). Digo que la carencia de justicia es lo fundamental porque sobre ese hueco se fundamenta el conflicto armado civil que hay en Colombia. La ausencia de justicia social dio origen a las guerrillas, y en buena parte mantiene sus fuentes de reclutamiento. Aparecieron para tomarse la justicia social por propia mano, por decirlo así; y si han llegado a los extremos de la degradación, como es la práctica rutinaria del secuestro, es porque así lo permite la ausencia de justicia común. Los paramilitares, por su parte, surgieron en contraposición a la guerrilla para dos fines: el de mantener por la fuerza la injusticia social, y el de tomarse por propia mano, ellos también, la justicia común en vista de la impunidad que cobijaba los crímenes comunes de las Farc. Creo que en la próxima manifestación multitudinaria –pues espero que haya más– se debe empezar por pedir justicia.
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lunes, 16 de julio de 2007
¿Preguntas sin respuesta?
Las siguientes preguntas al presidente de la República se quedarán sin respuesta, lo que no me quita el derecho a formularlas.
Felipe Zuleta
sábado, 14 de julio de 2007
Las siguientes preguntas al presidente de la República se quedarán sin respuesta, lo que no me quita el derecho a formularlas. · Si cada hora de vuelo del FAC 001 le cuesta al erario la suma de 15.000 dólares, ¿cree usted que es justo con los colombianos semejante gasto?· ¿Es cierto que usted ha volado más de 400 horas en el Boeing 737? ¿Le parece justo gastarse más de ocho millones de dólares en viajes?· ¿Cuánto se les ha pagado a los encargados de su seguridad cada vez que viaja? ¿Asciende esa suma a más de 1.500 millones de pesos en cuatro años?· ¿Sabe cuánto le vale al país tener un equipo de tres tripulaciones las 24 horas del día?· ¿A cuánto ascienden los viáticos pagados a los funcionarios del Gobierno que han viajado con usted al exterior?· ¿Quién o con qué fines está usando el antiguo avión presidencial? ¿Acaso lo usan o han usado la primera dama, sus hijos o algunos miembros de su familia?· ¿A cuánto ascienden los montos que se han tenido que cancelar para que el avión presidencial aterrice en aeropuertos en el extranjero?· ¿Cuánto se ha pagado por seguros y gasolina del FAC 001?· ¿Piensa usted meter la mano para que la justicia no procese a su primo Mario Uribe por sus presuntos vínculos con los paramilitares? ¿Respetará usted la decisión de la Corte Suprema?· ¿Recibe la empresa Salvarte, de propiedad de sus hijos, algún beneficio indirecto otorgado por alguna entidad perteneciente al Estado?· Aparte de este próspero negocio de artesanías, ¿tienen sus hijos alguna relación directa o indirecta con empresas dedicadas al manejo de desechos? De ser cierto, ¿con cuál o cuáles?· ¿Ha visto usted a sus primos Ochoa Vélez desde que asumió la Presidencia?· ¿Siguen usted o sus hijos frecuentando a Carlos Náder?· ¿A cuántos jefes paramilitares piensa extraditar a los Estados Unidos?· ¿De verdad usted cree que desde Ralito no se delinquió? · ¿Teme usted que los americanos le quiten la visa por los vínculos de su gobierno y sus congresistas con los paramilitares? · ¿Sabía usted que la persona que le coordinó en Barrancabermeja la reunión con algunos jefes paramilitares fue Sandra Suárez, la misma persona que usted ha designado para que defienda los intereses del país en Washington?· ¿Se ha reunido usted con el abogado de Jorge Noguera? ¿Ha recibido mensajes de los congresistas afines a su causa con mensajes amenazantes? · ¿Los piensa liberar a pesar de eso?~~~Notícula. De ser cierto que Augusto Acosta tuvo que salir de la Superintendencia Financiera por presiones del Sindicato Antioqueño, estamos frente a un escándalo que merece la atención de las autoridades. ¿Tendrá esto que ver con la multa de $1.000 millones a Suramericana? ¿Acaso el Bancolombia se adquirió con la misma clase de ardides que obligaron al superintendente a sancionar a Suramericana? ¡La Fiscalía tiene la palabra!Felipezuleta.blogspot.com
Felipe Zuleta
sábado, 14 de julio de 2007
Las siguientes preguntas al presidente de la República se quedarán sin respuesta, lo que no me quita el derecho a formularlas. · Si cada hora de vuelo del FAC 001 le cuesta al erario la suma de 15.000 dólares, ¿cree usted que es justo con los colombianos semejante gasto?· ¿Es cierto que usted ha volado más de 400 horas en el Boeing 737? ¿Le parece justo gastarse más de ocho millones de dólares en viajes?· ¿Cuánto se les ha pagado a los encargados de su seguridad cada vez que viaja? ¿Asciende esa suma a más de 1.500 millones de pesos en cuatro años?· ¿Sabe cuánto le vale al país tener un equipo de tres tripulaciones las 24 horas del día?· ¿A cuánto ascienden los viáticos pagados a los funcionarios del Gobierno que han viajado con usted al exterior?· ¿Quién o con qué fines está usando el antiguo avión presidencial? ¿Acaso lo usan o han usado la primera dama, sus hijos o algunos miembros de su familia?· ¿A cuánto ascienden los montos que se han tenido que cancelar para que el avión presidencial aterrice en aeropuertos en el extranjero?· ¿Cuánto se ha pagado por seguros y gasolina del FAC 001?· ¿Piensa usted meter la mano para que la justicia no procese a su primo Mario Uribe por sus presuntos vínculos con los paramilitares? ¿Respetará usted la decisión de la Corte Suprema?· ¿Recibe la empresa Salvarte, de propiedad de sus hijos, algún beneficio indirecto otorgado por alguna entidad perteneciente al Estado?· Aparte de este próspero negocio de artesanías, ¿tienen sus hijos alguna relación directa o indirecta con empresas dedicadas al manejo de desechos? De ser cierto, ¿con cuál o cuáles?· ¿Ha visto usted a sus primos Ochoa Vélez desde que asumió la Presidencia?· ¿Siguen usted o sus hijos frecuentando a Carlos Náder?· ¿A cuántos jefes paramilitares piensa extraditar a los Estados Unidos?· ¿De verdad usted cree que desde Ralito no se delinquió? · ¿Teme usted que los americanos le quiten la visa por los vínculos de su gobierno y sus congresistas con los paramilitares? · ¿Sabía usted que la persona que le coordinó en Barrancabermeja la reunión con algunos jefes paramilitares fue Sandra Suárez, la misma persona que usted ha designado para que defienda los intereses del país en Washington?· ¿Se ha reunido usted con el abogado de Jorge Noguera? ¿Ha recibido mensajes de los congresistas afines a su causa con mensajes amenazantes? · ¿Los piensa liberar a pesar de eso?~~~Notícula. De ser cierto que Augusto Acosta tuvo que salir de la Superintendencia Financiera por presiones del Sindicato Antioqueño, estamos frente a un escándalo que merece la atención de las autoridades. ¿Tendrá esto que ver con la multa de $1.000 millones a Suramericana? ¿Acaso el Bancolombia se adquirió con la misma clase de ardides que obligaron al superintendente a sancionar a Suramericana? ¡La Fiscalía tiene la palabra!Felipezuleta.blogspot.com
Se entregó Coronel Alfonso Plazas Vega en las instalaciones del Centro Administrativo Nacional
El oficial en retiro es investigado por la desaparición de Carlos Rodríguez, Cristina Guarín e Irma Franco, durante la operación de retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
Los dos primeros trabajaban en la cafetería del edificio (como administrador y empleada, respectivamente), y la tercera era una guerrillera del desmovilizado M-19.
El fiscal general, Mario Iguarán, explicó que la diligencia se derivó de una "medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación" emitida por fiscales de derechos humanos que siguen el caso.
De acuerdo con la Fiscalía General, las investigaciones, los reconocimientos y los videos recaudados permiten afirmar que "estamos ante el delito de desaparición forzada agravada".
El coronel fue vinculado con la desaparición de once personas en las acciones militares para recuperar el Palacio de Justicia, ocupado por cerca de 40 guerrilleros del ahora disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19).
Más de un centenar de personas, entre ellas una docena de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, perdieron la vida en las operaciones militares, que terminaron al día siguiente en medio de un incendio que consumió la edificación.
Los insurgentes pretendían abrir un juicio contra el entonces presidente, Belisario Betancur, (1982-1986) por una supuesta traición de su gobierno a un incipiente diálogo de búsqueda de la paz.
Unos videos que muestran a civiles evacuados con vida por soldados determinaron el encausamiento y detención de Plazas, quien en esa época era el comandante de la Escuela de Caballería militar en Bogotá.
Como tal, el entonces coronel estuvo a cargo de la parte operativa de la retoma del edificio judicial, acción en la que se utilizaron tanques de guerra.
Admitió en indagatoria que sí hubo desaparecidos
En su defensa, el coronel Plazas ha asegurado que no tenía mando sobre un área de inteligencia que había en la Escuela de Caballería, a donde habrían ido a parar algunos de los que salieron del Palacio, y pidió que la Fiscalía llame a declarar a tres coroneles y un suboficial que, por la época, estuvieron en esa dependencia.
También dijo que no tuvo participación en los interrogatorios de los sobrevivientes, aunque el coronel retirado Edilberto Sánchez, ex jefe del B-2, hoy detenido, le dijo a la Fiscalía que Plazas sí estuvo al tanto de esos procedimientos.
Plazas admitió el pasado 9 de mayo, en una de sus indagatorias, que ahora tiene dudas sobre lo que pasó entre el 6 y 7 de noviembre de 1985: "Después de todas las diligencias que he atendido, he cambiado mi concepto sobre los procedimientos de la Fuerza Pública en aquella ocasión".
Aseguró que ni él ni los hombres de la Escuela de Caballería que tenía bajo su mando fueron los que "obraron mal", pero advirtió a la Fiscalía sobre la necesidad de investigar para que se llegue "al conocimiento real de lo que sucedió y para que se sancione a los funcionarios públicos a quienes les corresponda dar cuenta de sus equivocaciones o de sus crímenes".
Para el coronel, de hecho, ya no quedan dudas de que algunas de las personas que salieron de Palacio con vida fueron desaparecidas: "Me preocupa en este momento (...) al haber tenido acceso a todas las piezas procesales, me doy cuenta (de) que en efecto hay personas que salieron con vida y no aparecen".
BOGOTÁCon información de Efe
Los dos primeros trabajaban en la cafetería del edificio (como administrador y empleada, respectivamente), y la tercera era una guerrillera del desmovilizado M-19.
El fiscal general, Mario Iguarán, explicó que la diligencia se derivó de una "medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación" emitida por fiscales de derechos humanos que siguen el caso.
De acuerdo con la Fiscalía General, las investigaciones, los reconocimientos y los videos recaudados permiten afirmar que "estamos ante el delito de desaparición forzada agravada".
El coronel fue vinculado con la desaparición de once personas en las acciones militares para recuperar el Palacio de Justicia, ocupado por cerca de 40 guerrilleros del ahora disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19).
Más de un centenar de personas, entre ellas una docena de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, perdieron la vida en las operaciones militares, que terminaron al día siguiente en medio de un incendio que consumió la edificación.
Los insurgentes pretendían abrir un juicio contra el entonces presidente, Belisario Betancur, (1982-1986) por una supuesta traición de su gobierno a un incipiente diálogo de búsqueda de la paz.
Unos videos que muestran a civiles evacuados con vida por soldados determinaron el encausamiento y detención de Plazas, quien en esa época era el comandante de la Escuela de Caballería militar en Bogotá.
Como tal, el entonces coronel estuvo a cargo de la parte operativa de la retoma del edificio judicial, acción en la que se utilizaron tanques de guerra.
Admitió en indagatoria que sí hubo desaparecidos
En su defensa, el coronel Plazas ha asegurado que no tenía mando sobre un área de inteligencia que había en la Escuela de Caballería, a donde habrían ido a parar algunos de los que salieron del Palacio, y pidió que la Fiscalía llame a declarar a tres coroneles y un suboficial que, por la época, estuvieron en esa dependencia.
También dijo que no tuvo participación en los interrogatorios de los sobrevivientes, aunque el coronel retirado Edilberto Sánchez, ex jefe del B-2, hoy detenido, le dijo a la Fiscalía que Plazas sí estuvo al tanto de esos procedimientos.
Plazas admitió el pasado 9 de mayo, en una de sus indagatorias, que ahora tiene dudas sobre lo que pasó entre el 6 y 7 de noviembre de 1985: "Después de todas las diligencias que he atendido, he cambiado mi concepto sobre los procedimientos de la Fuerza Pública en aquella ocasión".
Aseguró que ni él ni los hombres de la Escuela de Caballería que tenía bajo su mando fueron los que "obraron mal", pero advirtió a la Fiscalía sobre la necesidad de investigar para que se llegue "al conocimiento real de lo que sucedió y para que se sancione a los funcionarios públicos a quienes les corresponda dar cuenta de sus equivocaciones o de sus crímenes".
Para el coronel, de hecho, ya no quedan dudas de que algunas de las personas que salieron de Palacio con vida fueron desaparecidas: "Me preocupa en este momento (...) al haber tenido acceso a todas las piezas procesales, me doy cuenta (de) que en efecto hay personas que salieron con vida y no aparecen".
BOGOTÁCon información de Efe
domingo, 8 de julio de 2007
Marcha uribizada
Extraordinario que esa protesta, que no fue espontánea ni ajena a la politiquería, por fin se hubiese sentido así sea tardíamente. Pero fue una caminata de inflamado uribismo, que no contribuirá a la reconciliación sino a la división.
Eso era lo que quería el presidente Uribe y lo logró, porque para eso marcharon los funcionarios públicos bajo la mirada de sus jefes, al igual que los obreros, quienes por primera vez contaron con el visto bueno de los empresarios para marchar. Todo bendecido por los obispos que entonaron como en misa cantada el “happy birthday” al Mesías que tanto les ha dado, para en seguida rechazar el despeje.
No hubo nada que se quedara sin control. Mañosa la estrategia de que al día siguiente de la noticia del asesinato de los diputados, en la Casa de Nariño les diera por hacer una encuesta en la que preguntaron lo obvio, como ¿quién cree que es el único culpable de ese crimen?, pero sin indagar, por ejemplo, si cree que de haberse decretado un despeje estarían vivos los diputados, o quiénes son los responsables de que no hubiese despeje.
El Gobierno no quiso que miráramos en libertad el ingrato porvenir de la violencia, sino sólo bajo su óptica siniestra de bala venteada. Por eso el presidente Uribe se dio a la tarea de salir a los medios a exigir que nadie hablara ni de despeje ni de acuerdo humanitario, sino a respaldar la “firmeza” de un gobierno que con la sola excepción del chiripazo de la fuga del canciller Araújo, ha logrado rescatar a muy pocos secuestrados.
En ese clima de intolerancia, tenía que pasar lo que pasó en Cali, sin que nadie se inmutara. Me refiero a la grotesca chiflada a Carolina Charry, la joven hija de uno de los diputados sacrificados, quien con legítima razón señaló al Gobierno de haber permitido la muerte de su padre y sus compañeros. Cobarde la actitud del ministro Holguín, al calificar de infame a esa huérfana jovencita por expresar su opinión. A su mejor manera rememoró el discurso de Goebbels, el ministro nazi de la propaganda, quien en la enceguecida sociedad hitleriana sostenía que “nosotros, nacional-socialistas, estamos convencidos de que tenemos la razón y no podemos tolerar a otros que crean tenerla”. Tan “macho” Holguín para sacudir una niña indefensa y adolorida, pero tan gallina para explicar su reciente participación en una manifestación política en Tobia, Cundinamarca.
Es un insulto que un acto de solidaridad con las familias de los diputados inmolados, hubiese tolerado un linchamiento para silenciar a una huérfana que no dijo mentiras. Pero en la tribuna también estaba el converso saca micas del régimen, Angelino Garzón, hoy dándose codo con varios lagartos vallecaucanos para que lo nombren ministro o comisionado de paz, en cuyo reino también está prohibido criticar a su amo, pero sobre todo a él mismo, pues durante su administración muy pocos medios han podido informar sobre el saqueo de la Industria de Licores del Valle, manejada por el ambicioso y oportunista gobernador y su cohorte.
Al Gobierno y a quienes ahora por primera vez protestaron —porque antes guardaron cómplice silencio por las víctimas del paramilitarismo, el exterminio de la Unión Patriótica, el holocausto del Palacio de Justicia, la farsa del proceso de justicia y paz de los paramilitares, etc.—, les salió bien la marcha montada sobre el repudio colectivo contra las Farc. Lo mismo no podrán decir los secuestrados ni sus familiares, ahora más expuestos que nunca, pues no habrá despeje, ni acuerdo humanitario, sino más rescates cruentos.
¿Qué haría Uribe sin las Farc?
Por Ramiro Bejarano
TOMADO EL ESPECTADOR
Eso era lo que quería el presidente Uribe y lo logró, porque para eso marcharon los funcionarios públicos bajo la mirada de sus jefes, al igual que los obreros, quienes por primera vez contaron con el visto bueno de los empresarios para marchar. Todo bendecido por los obispos que entonaron como en misa cantada el “happy birthday” al Mesías que tanto les ha dado, para en seguida rechazar el despeje.
No hubo nada que se quedara sin control. Mañosa la estrategia de que al día siguiente de la noticia del asesinato de los diputados, en la Casa de Nariño les diera por hacer una encuesta en la que preguntaron lo obvio, como ¿quién cree que es el único culpable de ese crimen?, pero sin indagar, por ejemplo, si cree que de haberse decretado un despeje estarían vivos los diputados, o quiénes son los responsables de que no hubiese despeje.
El Gobierno no quiso que miráramos en libertad el ingrato porvenir de la violencia, sino sólo bajo su óptica siniestra de bala venteada. Por eso el presidente Uribe se dio a la tarea de salir a los medios a exigir que nadie hablara ni de despeje ni de acuerdo humanitario, sino a respaldar la “firmeza” de un gobierno que con la sola excepción del chiripazo de la fuga del canciller Araújo, ha logrado rescatar a muy pocos secuestrados.
En ese clima de intolerancia, tenía que pasar lo que pasó en Cali, sin que nadie se inmutara. Me refiero a la grotesca chiflada a Carolina Charry, la joven hija de uno de los diputados sacrificados, quien con legítima razón señaló al Gobierno de haber permitido la muerte de su padre y sus compañeros. Cobarde la actitud del ministro Holguín, al calificar de infame a esa huérfana jovencita por expresar su opinión. A su mejor manera rememoró el discurso de Goebbels, el ministro nazi de la propaganda, quien en la enceguecida sociedad hitleriana sostenía que “nosotros, nacional-socialistas, estamos convencidos de que tenemos la razón y no podemos tolerar a otros que crean tenerla”. Tan “macho” Holguín para sacudir una niña indefensa y adolorida, pero tan gallina para explicar su reciente participación en una manifestación política en Tobia, Cundinamarca.
Es un insulto que un acto de solidaridad con las familias de los diputados inmolados, hubiese tolerado un linchamiento para silenciar a una huérfana que no dijo mentiras. Pero en la tribuna también estaba el converso saca micas del régimen, Angelino Garzón, hoy dándose codo con varios lagartos vallecaucanos para que lo nombren ministro o comisionado de paz, en cuyo reino también está prohibido criticar a su amo, pero sobre todo a él mismo, pues durante su administración muy pocos medios han podido informar sobre el saqueo de la Industria de Licores del Valle, manejada por el ambicioso y oportunista gobernador y su cohorte.
Al Gobierno y a quienes ahora por primera vez protestaron —porque antes guardaron cómplice silencio por las víctimas del paramilitarismo, el exterminio de la Unión Patriótica, el holocausto del Palacio de Justicia, la farsa del proceso de justicia y paz de los paramilitares, etc.—, les salió bien la marcha montada sobre el repudio colectivo contra las Farc. Lo mismo no podrán decir los secuestrados ni sus familiares, ahora más expuestos que nunca, pues no habrá despeje, ni acuerdo humanitario, sino más rescates cruentos.
¿Qué haría Uribe sin las Farc?
Por Ramiro Bejarano
TOMADO EL ESPECTADOR
lunes, 25 de junio de 2007
Desmovilizados podrían participar en política: Gobierno
TOMADO DE LA PÁGINA DE LAS AUC
El Ejecutivo reiteró que los que no tengan procesos pendientes por delitos de lesa humanidad y no sean juzgados por Justicia y Paz, recobrarán los derechos de cualquier ciudadano
SE AVECINA una nueva polémica. Lo manifestado por el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín, en el sentido de que los desmovilizados que no se encuentren incursos en delitos de lesa humanidad y que ya no estén en el marco de la Ley de Justicia y Paz, recobran sus derechos políticos, es decir que podrían participar en la contienda electoral de octubre.
Así se desprende de una verificación que hizo una comisión del Gobierno a zonas del departamento de Antioquia y el Urabá, en donde, se dijo, existen nombres de desmovilizados que estarían aspirando a los cargos por elección popular que se definirán en los comicios de octubre.
En este orden de ideas, el titular de la cartera fusionada insistió en que los reinsertados que no tengan pendientes procesos por delitos atroces y ya no estén en la ley de Justicia y Paz, sí pueden ser candidatos porque tienen restablecidos sus derechos políticos.
Esta aseveración de Holguín determinó que diversos sectores manifestaran su inconformismo con la eventual medida, en el sentido en que consideran que los paramilitares que se encuentran juzgados en el marco de la Ley de Justicia y Paz deben haber cumplido una serie de requisitos que, no creen, se hayan completado en este tiempo tan corto.
Analistas, que prefirieron la reserva de sus identidades, explicaron a este Diario que lo dicho por el Ministro suena bastante prematuro, en la medida en que consideraron que hasta el momento, los procesos en contra de los paramilitares que se han desmovilizado aún se encuentran en la etapa de recolección de pruebas y versiones libres, y anotaron que no se conoce el primer llamado a juicio de alguna de estas personas.
Indicaron además que los desmovilizados primero deben reparar a sus víctimas y luego recibir condena con base en los beneficios que establece la Ley, marco del proceso con los paramilitares.
Por ello, insistieron en que lo dicho por el ministro Holguín está por fuera de la legalidad y el Gobierno no podría permitir la participación en política de estas personas hasta tanto no hayan cumplido cabalmente con lo establecido en la ley.
¿Candidatos?
Según se pudo establecer en las zonas que visitó la Comisión gubernamental, se conocieron denuncias de que algunos desmovilizados estarían presentándose como candidatos para las elecciones de octubre, las cuales, según se advirtió, estarían afectando la labor de otros aspirantes que estarían pensando en dimitir a dichos cargos de elección popular.
Adicionalmente, hubo denuncias sobre trashumancia electoral que se está registrando en estas zonas calificadas de alto riesgo para el cumplimiento de los comicios electorales.
En torno al tema de los rumores de que los ex jefes paramilitares están haciendo campañas o influenciando la labor política desde la cárcel de Itagüí, Holguín Sardi precisó que no tiene hasta el momento denuncias concretas en torno al tema.
Adicionalmente también descartó las versiones sobre que los políticos presos por sus presuntos nexos con los paramilitares sigan haciendo política y respaldando candidatos a alcaldías y gobernaciones desde la cárcel.
No obstante, a esta situación y al hundimiento del proyecto de ley que buscaba blindar las elecciones regionales de la parapolítica, el Gobierno Nacional tiene activadas las alarmas para que los comicios del próximo mes de octubre se cumplan con transparencia.
Así las cosas, sectores gubernamentales insistieron en que las palabras de Holguín fueron mal interpretadas y por ello insistieron en que hasta el momento ningún desmovilizado está facultado para participar en política.
El Ejecutivo reiteró que los que no tengan procesos pendientes por delitos de lesa humanidad y no sean juzgados por Justicia y Paz, recobrarán los derechos de cualquier ciudadano
SE AVECINA una nueva polémica. Lo manifestado por el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín, en el sentido de que los desmovilizados que no se encuentren incursos en delitos de lesa humanidad y que ya no estén en el marco de la Ley de Justicia y Paz, recobran sus derechos políticos, es decir que podrían participar en la contienda electoral de octubre.
Así se desprende de una verificación que hizo una comisión del Gobierno a zonas del departamento de Antioquia y el Urabá, en donde, se dijo, existen nombres de desmovilizados que estarían aspirando a los cargos por elección popular que se definirán en los comicios de octubre.
En este orden de ideas, el titular de la cartera fusionada insistió en que los reinsertados que no tengan pendientes procesos por delitos atroces y ya no estén en la ley de Justicia y Paz, sí pueden ser candidatos porque tienen restablecidos sus derechos políticos.
Esta aseveración de Holguín determinó que diversos sectores manifestaran su inconformismo con la eventual medida, en el sentido en que consideran que los paramilitares que se encuentran juzgados en el marco de la Ley de Justicia y Paz deben haber cumplido una serie de requisitos que, no creen, se hayan completado en este tiempo tan corto.
Analistas, que prefirieron la reserva de sus identidades, explicaron a este Diario que lo dicho por el Ministro suena bastante prematuro, en la medida en que consideraron que hasta el momento, los procesos en contra de los paramilitares que se han desmovilizado aún se encuentran en la etapa de recolección de pruebas y versiones libres, y anotaron que no se conoce el primer llamado a juicio de alguna de estas personas.
Indicaron además que los desmovilizados primero deben reparar a sus víctimas y luego recibir condena con base en los beneficios que establece la Ley, marco del proceso con los paramilitares.
Por ello, insistieron en que lo dicho por el ministro Holguín está por fuera de la legalidad y el Gobierno no podría permitir la participación en política de estas personas hasta tanto no hayan cumplido cabalmente con lo establecido en la ley.
¿Candidatos?
Según se pudo establecer en las zonas que visitó la Comisión gubernamental, se conocieron denuncias de que algunos desmovilizados estarían presentándose como candidatos para las elecciones de octubre, las cuales, según se advirtió, estarían afectando la labor de otros aspirantes que estarían pensando en dimitir a dichos cargos de elección popular.
Adicionalmente, hubo denuncias sobre trashumancia electoral que se está registrando en estas zonas calificadas de alto riesgo para el cumplimiento de los comicios electorales.
En torno al tema de los rumores de que los ex jefes paramilitares están haciendo campañas o influenciando la labor política desde la cárcel de Itagüí, Holguín Sardi precisó que no tiene hasta el momento denuncias concretas en torno al tema.
Adicionalmente también descartó las versiones sobre que los políticos presos por sus presuntos nexos con los paramilitares sigan haciendo política y respaldando candidatos a alcaldías y gobernaciones desde la cárcel.
No obstante, a esta situación y al hundimiento del proyecto de ley que buscaba blindar las elecciones regionales de la parapolítica, el Gobierno Nacional tiene activadas las alarmas para que los comicios del próximo mes de octubre se cumplan con transparencia.
Así las cosas, sectores gubernamentales insistieron en que las palabras de Holguín fueron mal interpretadas y por ello insistieron en que hasta el momento ningún desmovilizado está facultado para participar en política.
El canje es producto de acuerdos
TOMADO DE LA PÁGINA WEB DE LAS FARC EP
Disipado el humo de la maniobra uribista, de nuevo estamos ante la realidad del intercambio de prisioneros y el necesario despeje militar de Pradera y Florida.
Ni se arrinconó a las FARC, ni se generó el ambiente para la excarcelación y la impunidad de los para políticos amigos del Presidente.
Pasada la humareda los verdaderos guerrilleros siguen presos, y ni siquiera Rodrigo Granda está enteramente libre. El engaño y la manipulación de la opinión fueron tan evidentes que Uribe no pudo ocultarlos: le debe al país y al Presidente Sarkozy una explicación coherente.
El pueblo que es infinitamente más sabio que sus gobernantes, ya intuía la respuesta de las FARC al sospechoso anuncio de liberación unilateral: es una decisión que no obliga. No hay canje si las dos partes no reciben a sus prisioneros. Quieren tapar el escándalo de la narco-para-política. La designación de los voceros de FARC para cualquier eventualidad es atribución exclusiva del Secretariado.
Lo cierto es que para Colombia ha sido fatal la torpeza del Gobierno de negar la existencia del conflicto y descalificar al adversario, porque cerró puertas a la búsqueda de soluciones políticas. No se gana una guerra aferrándose al expediente de calificar de terrorista a una organización política y militar como las FARC, que pugna por instaurar un nuevo gobierno, donde la verdadera democracia sea posible, haya dignidad, justicia social y respeto a la soberanía.
Pactar el canje de prisioneros sigue siendo prioridad. Si el gobierno nacional se compromete a dejar en libertad incondicional a Rodrigo Granda y le otorga garantías suficientes para su movilización a fin de contactar directamente al Secretariado, sin escoltas oficiales, ni radios, ni teléfonos satelitales, consideraríamos su nombramiento como verificador de las FARC para el despeje de Florida y Pradera, con miras al intercambio humanitario, labor especial que desarrollaría con el acompañamiento de testigos internacionales y nacionales de organizaciones populares y familiares de los prisioneros.
Una vez que ellos verifiquen el retiro de la fuerza pública, guerrilleros del área lo confirmarán y acto seguido el Secretariado de las FARC convocará mediante comunicado a los emisarios del gobierno a realizar el encuentro donde precisaremos y acordaremos nombres, garantías, mecanismos y medios para el intercambio.
Saludamos el manifiesto interés de distintos sectores y gobiernos del mundo que no han caído en la trampa uribista de negar el conflicto social y armado que enfrenta al Estado y a la Insurgencia Revolucionaria desde hace 43 años. Destacable la gestión del Presidente Nicolas Sarcozy y la persistencia de los emisarios de España, Francia y Suiza.
Reiteramos que un gran aporte de los gobiernos del mundo a la paz de Colombia sería el reconocimiento de las FARC-EP como Fuerza Beligerante.
Por todo lo señalado, valoramos significativamente la declaración del G8 alrededor del conflicto colombiano y destacamos su conclusión final que señal a: "los jefes de Estado y de gobierno del G8 formulan el deseo por una solución humanitaria que podría abrir la vía para retomar un proceso de paz en beneficio de todo el pueblo colombiano".
Quienes firmaron saben que esto es exactamente lo contrario a los objetivos de la fracasada" Seguridad Democrática".
Saludamos a Sonia, a Simón y a todos nuestros camaradas presos. Siempre los llevamos en el corazón!.
Secretariado del Estado Mayor Central FARC-EP
Montañas de Colombia, 18 de junio del 2007
Disipado el humo de la maniobra uribista, de nuevo estamos ante la realidad del intercambio de prisioneros y el necesario despeje militar de Pradera y Florida.
Ni se arrinconó a las FARC, ni se generó el ambiente para la excarcelación y la impunidad de los para políticos amigos del Presidente.
Pasada la humareda los verdaderos guerrilleros siguen presos, y ni siquiera Rodrigo Granda está enteramente libre. El engaño y la manipulación de la opinión fueron tan evidentes que Uribe no pudo ocultarlos: le debe al país y al Presidente Sarkozy una explicación coherente.
El pueblo que es infinitamente más sabio que sus gobernantes, ya intuía la respuesta de las FARC al sospechoso anuncio de liberación unilateral: es una decisión que no obliga. No hay canje si las dos partes no reciben a sus prisioneros. Quieren tapar el escándalo de la narco-para-política. La designación de los voceros de FARC para cualquier eventualidad es atribución exclusiva del Secretariado.
Lo cierto es que para Colombia ha sido fatal la torpeza del Gobierno de negar la existencia del conflicto y descalificar al adversario, porque cerró puertas a la búsqueda de soluciones políticas. No se gana una guerra aferrándose al expediente de calificar de terrorista a una organización política y militar como las FARC, que pugna por instaurar un nuevo gobierno, donde la verdadera democracia sea posible, haya dignidad, justicia social y respeto a la soberanía.
Pactar el canje de prisioneros sigue siendo prioridad. Si el gobierno nacional se compromete a dejar en libertad incondicional a Rodrigo Granda y le otorga garantías suficientes para su movilización a fin de contactar directamente al Secretariado, sin escoltas oficiales, ni radios, ni teléfonos satelitales, consideraríamos su nombramiento como verificador de las FARC para el despeje de Florida y Pradera, con miras al intercambio humanitario, labor especial que desarrollaría con el acompañamiento de testigos internacionales y nacionales de organizaciones populares y familiares de los prisioneros.
Una vez que ellos verifiquen el retiro de la fuerza pública, guerrilleros del área lo confirmarán y acto seguido el Secretariado de las FARC convocará mediante comunicado a los emisarios del gobierno a realizar el encuentro donde precisaremos y acordaremos nombres, garantías, mecanismos y medios para el intercambio.
Saludamos el manifiesto interés de distintos sectores y gobiernos del mundo que no han caído en la trampa uribista de negar el conflicto social y armado que enfrenta al Estado y a la Insurgencia Revolucionaria desde hace 43 años. Destacable la gestión del Presidente Nicolas Sarcozy y la persistencia de los emisarios de España, Francia y Suiza.
Reiteramos que un gran aporte de los gobiernos del mundo a la paz de Colombia sería el reconocimiento de las FARC-EP como Fuerza Beligerante.
Por todo lo señalado, valoramos significativamente la declaración del G8 alrededor del conflicto colombiano y destacamos su conclusión final que señal a: "los jefes de Estado y de gobierno del G8 formulan el deseo por una solución humanitaria que podría abrir la vía para retomar un proceso de paz en beneficio de todo el pueblo colombiano".
Quienes firmaron saben que esto es exactamente lo contrario a los objetivos de la fracasada" Seguridad Democrática".
Saludamos a Sonia, a Simón y a todos nuestros camaradas presos. Siempre los llevamos en el corazón!.
Secretariado del Estado Mayor Central FARC-EP
Montañas de Colombia, 18 de junio del 2007
Derrumbe uribista
TOMADO DE EL ESPECTADOR
POR: RAMIRO BEJARANO
sábado, 23 de junio de 2007
Nada le está saliendo bien al uribismo, ni en el Gobierno, ni en el Congreso, menos en los estrados judiciales, donde sus alfiles prisioneros siguen a la expectativa de que el lánguido Ministro del Interior saque adelante una indecente ley que los excarcele.El Gobierno no ha conseguido convencernos con ninguno de sus comunicados, de que las graves acusaciones en contra del presidente Uribe constituyen una infamia. Primero fue una arrogante explicación de César Mauricio Velásquez, en la que como jefe de Prensa, de un plumazo sepultó la embarazosa evidencia del jefe de Estado reunido con varios paramilitares. Su respuesta altanera fue la de que el mandatario no tenía por qué explicar cada una de las mil reuniones sostenidas en campaña electoral, ni justificar las fotos con sus seguidores, con lo cual de paso confirmó lo que nos temíamos: que hay más pruebas de las relaciones del entonces candidato Uribe con paramilitares.Cuando esa torpe actitud de Velásquez no dio resultados, el Gobierno optó entonces por encomendar al director del DAS, Andrés Peñate, el penoso papel de testigo tardío de lo que pasó en ese inexplicado encuentro de Uribe con unos paramilitares que le ofrecían apoyarlo a la Presidencia. Las justificaciones de Peñate acerca de que en el video no estaba quien sí estaba, no podían satisfacer a nadie, por la sencilla razón de que en esa reunión —que no fue pública sino privada—, a falta de un paraco hubo varios.Otro tanto ocurrió con la respuesta a las graves acusaciones lanzadas en contra del presidente Uribe por el confeso narco Fabio Ochoa Vasco, en la revista Semana. El comunicado del Gobierno invocó razones que en vez de absolverlo lo incriminan, pues sostener que la prueba de que no recibieron platas contaminadas de narcoparamilitarismo, es la contabilidad de la campaña, es una excusa idiota. A nadie se le ocurre que tales aportes iban a quedar registrados en los asientos contables. En cambio, lo probado es que en el barrio Manrique de Medellín, todo el mundo recuerda que la orden de los “paras” fue votar por Uribe y que eso costó una “platica”.Tampoco convenció la elíptica explicación de la Casa de Nariño sobre el comentario de Salomón Kalmanovitz sobre una carretera que curiosamente circunda “EL Ubérrimo”. Aunque el presidente llamó en tono amenazante al columnista, lo cierto es que la carretera está allí y muy cerca de su hacienda privada. Ya me imagino la ira presidencial cuando alguien opine sobre la prosperidad en estos cinco años de Salvarte, la compañía de los jóvenes empresarios Tomás y Jerónimo Uribe, que en 2002 registró en la Cámara de Comercio de Bogotá un activo de $33.086.000 y hoy $1.220.688.824.Si por el Gobierno llueve, por el Congreso no escampa. La legislatura presidida por la uribista Dilian Francisca Toro, terminó al revés, como empezó. A los irresponsables pupitrazos de última hora se sumó la deshonra del entierro de los proyectos de la reforma electoral y el de la igualdad de derechos para las parejas homosexuales, además varios “micos”, que apenas están apareciendo. A la dueña del Valle del Cauca, donde no se mueve una hoja sin su permiso, sólo la desvela apoderarse de las alcaldías de su departamento, como pretende hacerlo en Buga, prohijando un extraño personaje, Francined Cano R., en grosera manguala con el actual burgomaestre, también severamente cuestionado.Uribe pretende escampar tanta desgracia merecida, sosteniendo que los ataques en su contra son también al país. Ya va siendo hora de que caiga en la cuenta de que su ingrata suerte, es únicamente suya, porque es víctima de su propio invento. No le falta sino amenazar con renunciar ante tanta “calumnia”, para suscitar un plebiscito en favor suyo, a la usanza de los dictadores.~~~Adenda.- Solidaridad con Gustavo y Yuri Tatiana Moncayo, padre y hermana del soldado Pablo Emilio, quien lleva 9 años secuestrado por las Farc. Ojalá la peregrinación que esta sufrida familia humilde ha emprendido desde Nariño hacia la capital, consiga el resultado feliz que todos deseamos.notasdebuhardilla@hotmail.com
POR: RAMIRO BEJARANO
sábado, 23 de junio de 2007
Nada le está saliendo bien al uribismo, ni en el Gobierno, ni en el Congreso, menos en los estrados judiciales, donde sus alfiles prisioneros siguen a la expectativa de que el lánguido Ministro del Interior saque adelante una indecente ley que los excarcele.El Gobierno no ha conseguido convencernos con ninguno de sus comunicados, de que las graves acusaciones en contra del presidente Uribe constituyen una infamia. Primero fue una arrogante explicación de César Mauricio Velásquez, en la que como jefe de Prensa, de un plumazo sepultó la embarazosa evidencia del jefe de Estado reunido con varios paramilitares. Su respuesta altanera fue la de que el mandatario no tenía por qué explicar cada una de las mil reuniones sostenidas en campaña electoral, ni justificar las fotos con sus seguidores, con lo cual de paso confirmó lo que nos temíamos: que hay más pruebas de las relaciones del entonces candidato Uribe con paramilitares.Cuando esa torpe actitud de Velásquez no dio resultados, el Gobierno optó entonces por encomendar al director del DAS, Andrés Peñate, el penoso papel de testigo tardío de lo que pasó en ese inexplicado encuentro de Uribe con unos paramilitares que le ofrecían apoyarlo a la Presidencia. Las justificaciones de Peñate acerca de que en el video no estaba quien sí estaba, no podían satisfacer a nadie, por la sencilla razón de que en esa reunión —que no fue pública sino privada—, a falta de un paraco hubo varios.Otro tanto ocurrió con la respuesta a las graves acusaciones lanzadas en contra del presidente Uribe por el confeso narco Fabio Ochoa Vasco, en la revista Semana. El comunicado del Gobierno invocó razones que en vez de absolverlo lo incriminan, pues sostener que la prueba de que no recibieron platas contaminadas de narcoparamilitarismo, es la contabilidad de la campaña, es una excusa idiota. A nadie se le ocurre que tales aportes iban a quedar registrados en los asientos contables. En cambio, lo probado es que en el barrio Manrique de Medellín, todo el mundo recuerda que la orden de los “paras” fue votar por Uribe y que eso costó una “platica”.Tampoco convenció la elíptica explicación de la Casa de Nariño sobre el comentario de Salomón Kalmanovitz sobre una carretera que curiosamente circunda “EL Ubérrimo”. Aunque el presidente llamó en tono amenazante al columnista, lo cierto es que la carretera está allí y muy cerca de su hacienda privada. Ya me imagino la ira presidencial cuando alguien opine sobre la prosperidad en estos cinco años de Salvarte, la compañía de los jóvenes empresarios Tomás y Jerónimo Uribe, que en 2002 registró en la Cámara de Comercio de Bogotá un activo de $33.086.000 y hoy $1.220.688.824.Si por el Gobierno llueve, por el Congreso no escampa. La legislatura presidida por la uribista Dilian Francisca Toro, terminó al revés, como empezó. A los irresponsables pupitrazos de última hora se sumó la deshonra del entierro de los proyectos de la reforma electoral y el de la igualdad de derechos para las parejas homosexuales, además varios “micos”, que apenas están apareciendo. A la dueña del Valle del Cauca, donde no se mueve una hoja sin su permiso, sólo la desvela apoderarse de las alcaldías de su departamento, como pretende hacerlo en Buga, prohijando un extraño personaje, Francined Cano R., en grosera manguala con el actual burgomaestre, también severamente cuestionado.Uribe pretende escampar tanta desgracia merecida, sosteniendo que los ataques en su contra son también al país. Ya va siendo hora de que caiga en la cuenta de que su ingrata suerte, es únicamente suya, porque es víctima de su propio invento. No le falta sino amenazar con renunciar ante tanta “calumnia”, para suscitar un plebiscito en favor suyo, a la usanza de los dictadores.~~~Adenda.- Solidaridad con Gustavo y Yuri Tatiana Moncayo, padre y hermana del soldado Pablo Emilio, quien lleva 9 años secuestrado por las Farc. Ojalá la peregrinación que esta sufrida familia humilde ha emprendido desde Nariño hacia la capital, consiga el resultado feliz que todos deseamos.notasdebuhardilla@hotmail.com
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